Desde el Ministerio Público de la Defensa y la Procuración General solicitaron el apoyo de Artero para la culminación de la obra del edificio judicial

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Si bien la obra no es municipal, los representantes de ambos Ministerios le solicitaron a la intendenta de Rawson que gestione ante Provincia para que se concluya el edificio. Cuando esté concluido el proyecto se trasladarían las oficinas que dependen del Ministerio Público de la Defensa y del Ministerio Público Fiscal.

El Procurador General de Chubut, Jorge Miquelarena, y el Defensor General de Chubut, Sebastián Daroca, le solicitaron a la intendenta de Rawson Rossana Artero su apoyo como gestora ante provincia para que se culmine la obra del edificio judicial que está ubicado frente a la plaza Güemes.

Los referentes de ambos Ministerios destacaron que Artero “en su calidad de intendenta ha demostrado marcado interés en que las obras de Rawson se concluyan” y que por ello “nos pareció atinado que pueda también propulsar la terminación de este proyecto”.

Daroca indicó que “vimos la preocupación de Artero por los edificios públicos de Rawson. Y nos acercamos porque esta obra está muy avanzada, y le solicitamos su apoyo, le requerimos que lo ponga entre las prioridades cuando encare gestiones ante autoridades provinciales”.

“Es un proyecto que viene desde hace muchos años, por cuestiones de presupuesto nunca se terminó. Sería de gran importancia para la ciudad poder concluirla, porque es un edificio céntrico, y además para ambos ministerios al poder mudar las oficinas, nos implicaría un ahorro de alquileres” puntualizó en sus declaraciones.

El Defensor General de Chubut, sostuvo que, en paralelo también encararán el dialogo con el Ejecutivo provincial “sabemos que por los montos es una obra que está a nuestro alcance con fondos propios, ni tampoco el Municipio, porque también no es una obra municipal, sino que es provincial”.

Las oficinas que se emplazarían en el edificio serían por parte del Ministerio Público de Defensa, las oficinas de la Defensoría Civil, la Defensoría Penal, la Asesoría de Familia y el Servicio Social; y los organismos dependientes del Ministerio Público Fiscal.